Inicio -> Antecedentes

ANTECEDENTES

1. Contexto nacional e internacional

Según la Oficina del Servicio Agrícola Exterior de los Estados Unidos de Norteamérica en la República Dominicana, éste es un país en vías de desarrollo, de ingreso medio, cuya economía depende principalmente de la agricultura, del comercio, de los servicios y, especialmente, del turismo. Aunque el sector servicios ha sobrepasado a la agricultura como el principal proveedor de empleos (debido sobre todo al auge y crecimiento del turismo y de las zonas francas), la agricultura todavía se mantiene como el sector más importante en términos de consumo doméstico y está en segundo lugar (detrás de la minería) en términos de exportación.

Tres cuartas parte de las exportaciones agrícolas de la República Dominicana se mueven hacia los Estados Unidos de Norteamérica y una proporción similar de las importaciones agrícolas dominicanas se originan en los Estados Unidos de Norteamérica. Durante 2003 las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos de Norteamérica, incluyendo los productos forestales, se mantuvieron cerca de los
485 millones de USD. Esta cifra incluye valores altos en granos (maíz), tabaco, trigo, productos de soja, grasa animal, madera y productos listos para el consumo como picaderas (snack food) y frutas y vegetales frescos y procesados.

Durante este mismo período, las exportaciones agrícolas dominicanas hacia los Estados Unidos de Norteamérica fueron de aproximadamente 284 millones de USD. El azúcar exportado bajo la cuota americana, el tabaco y el cacao representaron más de la mitad de las todas las exportaciones, mientras que las importaciones de coco, aguacate y otras frutas, vegetales y jugos se mantuvieron altas.

Siendo la agricultura un sector tan sensible y estratégico de la economía dominicana, la presión que impone la recomposición mundial de la economía bajo la globalización, sumada al relativo atraso tecnológico del sector, fuerzan a que se reexamine seriamente su condición y se busquen alternativas efectivas a su crisis, especialmente entre aquellas opciones que proveen los avances de la actual revolución científico-técnica, entre las que destaca la biotecnología.

Uno de los problemas claves de la producción agropecuaria en la República Dominicana es la precariedad de la base tecnológica; o sea que su nivel de desarrollo actual es incapaz de competir con los productos extranjeros en cuanto a costos, eficiencia y productividad. Otras limitantes son las tasas de interés, ausencia de una reforma agraria eficiente, inexistencia de un sistema de mercadeo eficaz, falta de infraestructura agraria (caminos vecinales, canales de riego, transporte, equipos y maquinarias, costo de combustible, costos de insecticidas, etc.), políticas arancelarias contrarias al desarrollo agroindustrial, así como la política de precios internacionales de altas y bajas constantes, que incentivan la especulación y atraen a los importadores. Hace falta también el interés del Gobierno por dotar a la Secretaría de Estado de Agricultura de los recursos necesarios, asistencia técnica, garantizar mercado estable y precios rentables, para la implementación de los planes agropecuarios.
 
Ante este cuadro, algunos organismos han iniciado programas para apoyar al Estado dominicano a superar tales niveles de atraso. Por ejemplo, la oficina nacional del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que ha dado inicio a un programa en el área de tecnología e innovación brinda apoyo y asesora a las instituciones nacionales responsables del desarrollo y fomento de nuevas tecnologías, además de la promoción de las innovaciones tecnológicas del sector agropecuario de la República Dominicana. Este programa tiene como objetivo apoyar al Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF), crear las bases legales de sustentación institucional y promover el desarrollo y establecimiento de nuevas tecnologías entre las instituciones de investigación, de acuerdo a las necesidades del país.

Hasta el momento, a partir de este programa se han conducido algunas acciones  importantes, por ejemplo, se ha dado apoyo al IIBI y a las academias en la adecuación de la plataforma de investigaciones para la biotecnología y prácticas de bioseguridad; se ha promovido la integración de un equipo de trabajo sectorial para elaborar una propuesta y definir el método y procedimiento para la transferencia de la tecnología generada por la investigación agropecuaria; y se ha trabajado en la elaboración del proceso de identificación de necesidades y evaluación en la iniciativa caribeña de biotecnología y bioseguridad.

La FAO celebró durante 2005 un evento en su sede regional de Santiago de Chile denominado Situación y perspectivas para el desarrollo agrícola y rural y la seguridad alimentaria en la República Dominicana, encaminado a la identificación de oportunidades y potencialidades para el desarrollo agrícola y rural, así como de grandes temas prioritarios, que requerirían la cooperación técnica externa y alrededor de los cuales definir una estrategia para el desarrollo del programa de campo en el país. En el mismo se analizaron diversos temas relativos a la modernización agrotecnológica dominicana, a los retos que debe enfrentar la agricultura de este país y sobre las áreas prioritarias para asistencia de la FAO al Gobierno de la República Dominicana

En medio de estas circunstancias, la República Dominicana se ha visto abocada al proceso de apertura de sus mercados, lo cual incide directamente sobre su sector agropecuario y forestal. La República Dominicana firmó el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica (conocido como tratado DR-CAFTA) el 5 de agosto de 2004, mediante el cual se compromete a abrir su mercado en un 76 por ciento a partir de la puesta en vigor, mientras Estados Unidos de Norteamérica se abre en un 99 por ciento con cero arancel. Dado que el comercio bilateral entre Estados Unidos y República Dominicana supera los 9 000 millones de USD anuales, es fácil ver las implicaciones de este proceso y entender los fuertes cuestionamientos suscitados.

Los sectores estatales y empresariales dominicanos y las asociaciones de productores agropecuarios, entre otros actores del sector, han estudiado las consecuencias de esta apertura comercial y diseñado respuestas apropiadas ante sus posibles consecuencias, las mismas que incluyen necesariamente el recurrir a las herramientas de la ciencia para modernizar y hacer más eficiente la gestión agropecuaria del país.

Frente a todo esto, los sectores más avanzados entienden que la solución a los problemas de productividad y eficiencia económica en rubros sensitivos del sector agropecuario, pasan obligatoriamente por la incorporación de las ventajas del conocimiento y la apropiación social de sus resultados, especialmente las de las tecnologías de punta, como las biotecnologías.

Una de esas áreas críticas es el uso de herramientas moleculares para la identificación y caracterización en plantas. Su uso es crucial, por cuanto las barreras fitosanitarias a los productos de exportación y las propias demandas nacionales de autoprotección y cuidado a la salud humana y ambiental y a la biodiversidad lo imponen. Gracias a estas metodologías un país puede detectar la presencia de productos transgénicos y similares.

También pueden ser empleadas para identificar genéticamente a las variedades autóctonas que pueden ser registradas, salvaguardando los derechos de propiedad sobre las mismas. Otro aspecto importantísimo es que estas mismas herramientas sirven para detectar patógenos en productos agropecuarios o certificar su calidad y estado fitosanitario, parámetro de cumplimiento obligatorio en la nueva economía global. La República Dominicana necesita proveerse de estas capacidades que provee la biotecnología moderna, urgentemente.

Para el agro dominicano, la biotecnología es una herramienta indispensable, en la tarea de mantener y desarrollar tantas aplicaciones tecnológicas innovadoras, que fortalezcan al campo dominicano y aumenten su competitividad, como para la misión de preservar y salvaguardar la biodiversidad genética de las especies agronómicas, hortícolas y forestales. La biotecnología puede ser uno de los más poderosos apoyos que puede emplear la República Dominicana para subsistir y lograr una vida decorosa para sus ciudadanos. La biotecnología busca descubrir nuevos y mejores tratamientos para viejas enfermedades, recuperar nuestros recursos expoliados, optimizar procesos productivos, detener la desertificación y reciclar el agua.

1.1 Biodiversidad en la República Dominicana

Además de la situación de atraso tecnológico en la agricultura, la biodiversidad de la República Dominicana enfrenta también retos que pueden y deben ser atendidos con el auxilio de herramientas tecnológicas como la biotecnología, pero que involucran a la vez la implementación de medidas de salvaguarda, necesarias para mejorar la percepción pública de estas nuevas tecnologías de punta y de sus impactos potenciales.

La flora dominicana es rica y variada. Cuenta con unas 5 600 especies de plantas, muchas de ellas exclusivas del trópico y algunas sólo existentes en la República Dominicana.

Como aves de mar se encuentran los pelícanos, gaviotas, tijeretas y bubíes y se destacan los flamencos, que se encuentran en el lago Enriquillo y la laguna de Oviedo. Existen 258 especies de aves, entre las que son notables la piragua, el barrancolí, la cotorra y el perico. De los reptiles, el de mayor envergadura es el cocodrilo americano, propio del lago Enriquillo. Otra especie exclusiva es la iguana de Ricor. Se encuentran cuatro especies de tortugas marinas (carey, tinglar, caguamo y tortuga verde), así como dos especies de agua dulce, conocidas como jicoteas. Los mamíferos terrestres se reparten entre 33 especies. Sobresalen el solenodonte y la jutía, ambos en peligro de extinción. El manatí antillano y la ballena jorobada son dos mamíferos marinos de gran tamaño y atractivo. El primero se encuentra en vías de extinción y la segunda se hospeda cada año, durante tres meses (diciembre-marzo) para su apareamiento en bancos de La Navidad y La Plata y en la bahía de Samaná. Allí nacen sus ballenatos. La República Dominicana tiene el más extenso bosque de pino occidental (conífera) en suelo de origen calcáreo o calizo, en la sierra del Bahoruco. Esta especie crece en suelos ácidos, siendo esto una rareza ecológica en el mundo. Posiblemente tiene el más alto endemismo en las Antillas, aproximadamente un 39 por ciento o más. El 25 por ciento de su territorio lo comprenden el bosque seco en las zonas áridas; el 61 por ciento el bosque húmedo; y el 14 por ciento el bosque mixto y coníferas.

El portal electrónico Ecoportal.net refiere que esta rica biodiversidad está seriamente amenazada. Los investigadores coinciden en que los principales problemas ambientales de la República Dominicana son la deforestación, la extinción de la biodiversidad y el manejo de los desechos sólidos (basura), las aguas negras y otros que inciden en las condiciones sanitarias, todos los cuales contribuyen a la profundización de pobreza en que vive más del 60 por ciento de la población. La cubierta forestal dominicana ha ido reduciéndose de tal manera que para 1909 el 85  por ciento del territorio estaba cubierto por bosques; para 1940 cubría el 69 por ciento según la FAO; el 26  por ciento para 1967; y ya para 1990 ésta se consideraba apenas entre el 13 y el ocho por ciento.

La deforestación se volvió un grave problema tras implementarse la política de los aserraderos (entre 1940 y 1967); la depredación producida por prácticas agrícolas insostenibles y dañinas al medio, la cría de ganado, el corte para carbón y la producción maderera. Para 1990 se perdían unas 32 000 tareas anualmente merced a los incendios forestales.

El país posee 108 cuencas hidrográficas con unos 600 cursos de agua (ríos y arroyos), el 80 por ciento de las cuales sufre grave degradación a causa de la deforestación y la erosión de los suelos, mientras el abastecimiento de agua potable está en crisis ascendente (el 52 por ciento de la población no tiene acceso al agua potable) y la productividad de la tierra ha disminuido grandemente. La contaminación de los ríos y cursos de aguas residuales y desechos industriales, ganaderos, domiciliario y la existencia de un basurero en cada hogar agrava esta crisis. La deforestación, la reducción acelerada de la biodiversidad, la contaminación y el agotamiento de los ríos y arroyos, junto al tráfico por nuestras costas de materiales radiactivos, constituyen los principales problemas del país.

1.2 Potencial de biotecnología y sus riesgos para la agricultura y los sectores ganadero, forestal
y pesquero en la República Dominicana


El Estado dominicano, a través de su órgano de acción en esta área (el IIBI) entiende que una de sus tareas estratégicas es la de modernizar a la República Dominicana y sus estructuras productivas, y que este esfuerzo pasa necesariamente por potenciar el papel de la ciencia y la tecnología y por el proceso de generar conocimiento y de utilizar sus aplicaciones, de una manera  coherente, sostenida y con un sentido claro de dirección fundamental.

Los avances de la ciencia contemporánea, especialmente aquellos referidos a las llamadas tecnologías de punta, representan nuevas condiciones de progreso evidente y abren un sinnúmero de posibilidades en diferentes ramas del quehacer humano. Entre todas las ciencias sujetas a este acelerado cambio, resalta la biotecnología por sus notables adelantos cualitativos, especialmente en dominios fundamentales de aplicaciones, tales como la agricultura, la salud, la industria y el medio ambiente.

La biotecnología es una disciplina aplicada, que agrupa a un conjunto de metodologías y técnicas derivadas de la bioquímica, la genética, la biología molecular y celular, principalmente. Su objetivo primordial es el desarrollo de métodos, productos, nuevos materiales, etc. que utilicen o modifiquen sistemas vivos o compuestos derivados de organismos vivientes, para la satisfacción de necesidades humanas o del entorno.

El Plan Institucional de Investigación y Desarrollo Agrobiotecnológica del IIBI, para el presente trienio, describe un conjunto de lineamientos estratégicos, que marcan la nueva política investigativa general del IIBI y del Estado dominicano en el campo agroforestal, agropecuario y agroindustrial. Este esquema buscará mejorar la respuesta del IIBI a las diferentes demandas locales de nuevas tecnologías, generadas o validadas, para apoyar la penetración de los productos agropecuarios nacionales en los mercados externos y para crear nuevas fuentes de riqueza derivadas del agro.

Como es evidente, la reestructuración y el mejoramiento de las actividades institucionales en biotecnología son una prioridad para la administración del IIBI y para los sectores gubernamentales de la esfera científica y productiva. En función de ello, se busca instaurar y fortalecer un nuevo marco conceptual, las nuevas tareas la estructura general del plan de acción de IIBI para el próximo trienio, implementando las directrices de política institucional para esta área de actividad multidisciplinaria.

1.3 Institucionalidad de la biotecnología en la República Dominicana

El Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria  (IIBI), institución creada por el Decreto 58-05 del 10 de febrero de 2005, es una entidad gubernamental que, desde su reciente creación, ha venido impulsando la readecuación integral de sus estructuras organizativas y de sus rutinas operativas, buscando ser un modelo de las instituciones transformadas y cualitativamente nuevas del Estado dominicano.

El IIBI se crea sobre la base del antiguo Instituto Dominicano de Tecnología Industrial (INDOTEC), institución que luego de treinta y cinco años, acumulaba una serie de problemas y arrastres burocráticos que mermaban su accionar, lo cual le impedía lograr una inserción adecuada dentro del proceso de reforma del Estado, en donde se busca una renovación real y efectiva de sus entidades como respuesta a las graves necesidades de desarrollo de la República Dominicana, ante una realidad global cada vez más interdependiente, competitiva y compleja.

En el proceso de consulta y planificación que ha conllevado esta transición, el IIBI se ha encontrado con severas deficiencias institucionales que debe enfrentar y corregir. Durante los procesos participativos de planificación estratégica conducidos durante el segundo cuatrimestre de 2005, se han identificado aspectos claves que han sido tomados en cuenta para confeccionar el presente esquema de planificación.

Por tanto este instituto ha quedado identificado como la entidad gubernamental llamada a ofrecer una respuesta científica y tecnológica a diversos sectores del país. El IIBI debe responder mediante acciones concretas como una oferta de servicios innovadores, mediante la promoción del know how y/o mediante la transferencia activa de tecnologías al sector agroindustrial, empresarial y social. De esta manera, es un requisito mandatario el poner a punto al IIBI, para convertirle en una verdadera herramienta para la competitividad nacional.

1.4 Necesidad del fortalecimiento nacional de la bioseguridad

La bioseguridad es un componente consustancial a cualquier esfuerzo nacional que busque ampliar el espectro de acción de la biotecnología, tanto a la producción agropecuaria como a la conservación de la rica biodiversidad ya descrita.

La República Dominicana posee instituciones que tienen el mandato expreso de preservar la biodiversidad y que, a la vez, asumen la competencia de actuar como organismo nacional competente en el orden de la bioseguridad. La Ley 64-2000 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales fue promulgada el 18 de agosto de 2000. Esta Ley creó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estableció los mecanismos para regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el país y fijó las normas para impedir los daños al ambiente bajo el concepto de que quien contamina paga. Además esta legislación ordenó la creación de las unidades de gestión ambiental municipal, retornándoles a los ayuntamientos el poder para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales nace con el propósito de aplicar una política de Estado integral, para la conservación y protección de los recursos naturales y medio ambiente de la República Dominicana. Su misión es la de regular la gestión del medio ambiente y los recursos naturales, para alcanzar el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

Los aspectos del cuidado de la biodiversidad y de bioseguridad en la biotecnología son atendidos por el Departamento de Recursos Genéticos. Sus tareas principales son las de dar seguimiento a la implementación del Convenio sobre Diversidad Biológica y al Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad; crear y mantener actualizada una base de datos sobre la biodiversidad, los recursos genéticos y las especies invasivas; crear y fortalecer los programas nacionales de recursos genéticos; promover la reproducción de las especies de fauna y flora amenazadas; y coordinar la elaboración y aplicación de reglamento de acceso a los recursos genéticos y el Marco Nacional de la Bioseguridad.

No obstante, dado el estado incipiente de estructuración de un sistema nacional de puesta en marcha y vigilancia sobre aspectos de la bioseguridad en la biotecnología, es fundamental proveer elementos básicos para su difusión, monitoreo y fortalecimiento, lo cual es el propósito de la presente propuesta.

1.5 Situación actual de la bioseguridad en la República Dominicana (anteproyecto de ley y conformación de la Comisión Nacional de Bioseguridad)

En el documento denominado Informe sobre el avance del proyecto para el desarrollo de un marco de bioseguridad en la República Dominicana se estipula que dicho proyecto está completando la Fase 0 en la República Dominicana. De acuerdo con la Comisión Nacional Coordinadora, la política de bioseguridad del país debe ser una parte integrante de la política nacional para la conservación general de la biodiversidad y del acceso a sus recursos genéticos tanto silvestres como cultivados.

Debe respetar la soberanía nacional consagrada en la Constitución de la República y el principio de precaución asumido por el país en la Ley General Sobre Medio Ambiente y los Recursos Naturales
(64-00) y en la Declaración de Río (contenido en la Agenda 21). Por lo tanto, en lo inmediato, debe establecer una moratoria por tiempo indefinido para la entrada al país de productos transgénicos (elaborados o no), así como para la importación y uso de semillas o propágulos de cualquier índole provenientes de OGMs.

Debe incluir regulaciones para la producción, introducción, liberación, exportación, comercialización, fomento o investigación de OGMs. También debe mantener el principio de responsabilidad legal y material, el cual establece que deben existir instrumentos jurídicos apropiados para que quienes hayan producido, introducido, exportado, liberado, comercializado o investigado OGMs (con o sin permiso legal), asuman la responsabilidad de los costos de cualquier efecto adverso para el ambiente en general, la salud humana, animal o vegetal, y la conservación de la biodiversidad. La política nacional de bioseguridad debe establecerse bajo el concepto de desarrollo sostenible siguiendo los lineamientos y principios de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible.

Debe ser apartidista, abierta, incluyente, participativa, democrática y, sobre todo, humana. Debe evitar el doble estándar y la doble moral, especialmente con respecto a las naciones tecnológicamente desarrolladas. Debe estar apoyada en la educación formal y no formal de toda la sociedad dominicana, principalmente en los aspectos de información sobre los riesgos (tanto para la vida humana como para la naturaleza) de nuevas tecnologías y de la producción y consumo de productos no tradicionales. Debe incluir mecanismos de consulta y participación en foros abiertos. Ante todo, la política de bioseguridad debe ser elaborada y ejecutada con transparencia. Por ejemplo, debe existir transparencia en las negociaciones del país con empresas u organismos locales e internacionales en asuntos que atañan directamente a la bioseguridad.

Hasta el momento, el enfoque utilizado para establecer una política de bioseguridad es muy desintegrado. La Ley 64-00 y la Convención sobre la biodiversidad biológica (ratificada por el Congreso Nacional mediante la Resolución No. 25 de 1996) deben constituir el eje alrededor del cual se consolide una política nacional de bioseguridad integrada. Esta debe incidir en las políticas nacionales sobre áreas protegidas, vida silvestre, agricultura, acuacultura, ganadería y salud pública. Debe estar dirigida a establecer un marco bajo el cual se desarrolle la biotecnología aplicada a la producción animal, vegetal, microbiológica y de cualquier índole que pueda incidir en la salud y la calidad de vida de los humanos y en la biodiversidad.

La República Dominicana no cuenta con una ley específica de bioseguridad, pero existe un anteproyecto de ley que todavía es un borrador en discusión. Los mecanismos existentes para abordar las cuestiones relacionadas con la bioseguridad son la Dirección de Vida Silvestre y Biodiversidad de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (la cual representa la autoridad competente ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica); la Comisión Nacional de Emergencia sobre Desastres Naturales; la Comisión Nacional de Bioética; el Departamento de Protección Ambiental de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social; y los Departamentos de Sanidad Animal y de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Estado de Agricultura. También existen algunos instrumentos legales que tocan aspectos específicos relacionados con la bioseguridad. Estos instrumentos legales son:

  • Reglamento del Poder Ejecutivo 1113 del 1943 prohíbe la exportación de pelos equinos y bovinos si no están libres de materias extrañas y no están debidamente lavados, desinfectados y completamente secos;
  • Decreto 5304 del 1948 condiciona a permiso la importación de ganado en pie, carnes frescas y aves,
  • Decreto 6412 del 1950 prohíbe la importación del virus activo de la peste porcina;
  • Decreto No. 6775 del 1950 dicta medidas para evitar la introducción al país de la fiebre aftosa y la peste bovina;
  • Ley 4030 del 1955 sobre sanidad animal. Declara la defensa sanitaria de los ganados de la República como interés público, establece un control y la erradicación de las epizootias, y la prevención de las enfermedades de los animales que son transmisibles a los humanos. También prohíbe la importación de animales con enfermedades hereditarias o contagiosas;
  • Ley 4990 del 1958 sobre la sanidad vegetal. Prohíbe la importación de plantas, frutos, semillas, bulbos, rizomas, flores y cualquier parte de vegetales vivos o muertos sin previo permiso;
  • Ley 278 del 1966 regula la importación, comercialización y uso de vacunas contra la brucelosis, antígeno para el diagnóstico serológico y tuberculinas sin previa autorización;
  • Ley 231 del 1971 sobre semillas. Establece un sistema de producción, procesamiento y comercialización de semillas;
  • Decreto 607 del 1987 prohíbe la introducción de productos derivados de la carne y la leche sin previa autorización, con el propósito de evitar la penetración de enfermedades y plagas que afecten los recursos agropecuarios nacionales;
  • Ley 64-00 del 2000 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales;
  • Ley 42-01 del 2001 sobre la salud pública. Regula todas las acciones que, de conformidad con los términos constitucionales, permitan al Estado garantizarla salud de la población y la preservación y protección del medio ambiente.

La Secretaría de Estado de Agricultura es responsable de la aplicación de las Leyes 4030 (sobre sanidad animal); 231 (sobre semillas); 4990 (sobre sanidad vegetal) y 278 (sobre brucelosis); así como del Reglamento 1113 y los Decretos 5304, 6412 y 607. La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social es la responsable de la aplicación de la Ley 42-01 (sobre salud pública).

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la responsable de la aplicación de la Ley 64-00 (sobre medio ambiente y recursos naturales). En la actualidad, existe un proyecto de ley sobre áreas protegidas y un anteproyecto de ley sobre biodiversidad. El primero garantizará la conservación y preservación de muestras representativas de los diferentes ecosistemas y del patrimonio natural y cultural del país para asegurar su permanencia y optimización de los servicios ambientales y económicos que estos ecosistemas ofrecen o puedan ofrecer.

El anteproyecto de ley sobre biodiversidad contempla la regulación de la conservación de los hábitats y ecosistemas asociados a la biodiversidad, así como del acceso a los recursos genéticos y bioquímicos derivados de la biodiversidad y los conocimientos asociados. La aplicación de estas dos leyes será responsabilidad de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Otros mecanismos relacionados con la bioseguridad existentes en el país son el Codex Alimentarius, algunos códigos de ética establecidos por organismos internacionales y un Departamento de orientación al consumidor de la Secretaría de Industria y Comercio.

No existe aún una cultura de resistencia a productos que podrían ser lesivos a la salud por parte del consumidor dominicano. El país está en el proceso de detección de deficiencias concretas en aspectos administrativos o reglamentarios en el sistema de bioseguridad; pero sabemos que carecemos de un mecanismo general para garantizar la regulación efectiva de la producción, introducción, exportación, liberación, comercialización, fomento o investigación de OGMs en nuestro país.

En el presente, la República Dominicana es signataria de los siguientes acuerdos internacionales que podrían repercutir sobre el Marco Nacional de Bioseguridad: i) Acuerdo de Aranceles y Comercio;
ii) Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio;
iii) Convención Internacional de Protección Fitosanitaria; iv) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna; v) Convenio sobre la Diversidad Biológica; vi) Organización Mundial del Comercio; vii) Organización Mundial de la Salud; viii) Organización Panamericana de la Salud; ix) Tratado de Libre Comercio. Finalmente, las autoridades correspondientes están haciendo los arreglos necesarios para firmar el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad.

En cuanto a la bioseguridad aplicada específicamente a la biotecnología agropecuaria (el área de desarrollo biotecnológico relativamente más fuerte y consolidado en el país), se han dado algunos pasos que no han tenido el adecuado seguimiento. Por ejemplo en marzo de 2003, se condujo una “Consultoría sobre desarrollo de marco regulatorio agropecuario en República Dominicana”, por el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) y contando con la contraparte del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) y en particular del Centro de investigaciones en Biotecnología (CIBIO/IDIAF). Se ejecutó en Santo Domingo, República Dominicana, del 3 al 17 de marzo de 2003.

La misma tuvo como objetivos hacer un levantamiento de información, concretar preparativos y la posterior conducción de un taller sobre “Marco legal de bioregulación e inocuidad de alimentos en la República Dominicana”. Se revisó un documento de referencia preparado por la comisión local de bioseguridad y se produjo una versión revisada usando documentos y referencias locales e internacionales; se analizó la propuesta de ley para la creación de la Comisión Nacional de Bioseguridad (CONABIO) y se buscó producir una versión revisada de la misma, reuniendo información tomada de otras leyes relevantes a un marco de bioregulación e inocuidad de alimentos. Para esto, se procedió a hacer un levantamiento exhaustivo de información tanto nacional como internacional (escrita, oral, CDs, videos, etc.) que sirviera como base para los trabajos preparativos y durante el taller mismo. Aparentemente, sus recomendaciones no tuvieron seguimiento ulterior.

1.6 Otros proyectos (PNUMA-FMAM, etc.) y aspectos que quedan sin asistencia técnica

Según un reporte reciente de la Licenciada Marina Hernández, Directora de Recursos Genéticos de la SEMARENA (comunicación personal): «….el proyecto Desarrollo del Marco Nacional de la Seguridad de la Biotecnología del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente/Fondo Mundial Ambiental (FMAM) PNUMA/FMAM, actualmente se encuentra en su fase final. Se elaboró un documento que contiene una propuesta de Ley sobre la seguridad de la biotecnología, el cual fue socializado en diferentes talleres en los que participaron la Comisión Nacional de Bioseguridad del proyecto así como también los sectores involucrado en el área de la biotecnología».

La Comisión Nacional del Proyecto Bioseguridad ha sido estructurada con nuevas instituciones del área y se elaboró un sistema administrativo. En cuanto a otros proyectos, próximamente se iniciará el Proyecto Creación de capacidad para una participación eficaz, en el Centro de Intercambio de Información sobre la Seguridad de la Biotecnología, otra iniciativa con financiamiento del PNUMA/FMAM (CIISB). Actualmente se esta elaborando un Memorando de Entendimiento entre La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el PNUMA. Finalmente, el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología fue ratificado el 27 de diciembre por el Congreso Nacional y posteriormente promulgado por el Poder Ejecutivo, mediante la Resolución 10-06.

1.7 Por qué una unidad de detección de OGMs en la República Dominicana

Como reseñan los resultados y conclusiones del pasado taller conjunto IIBI-Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)-Stevens Institute of Technology sobre el tema de tecnologías de punta, celebrado en el IIBI en mayo del 2005, los medios biotecnológicos y de alta tecnología están siendo introducidos en diversos órdenes de la producción y de los servicios en la República Dominicana, de manera gradual. Su introducción y asimilación ha sido, hasta hoy, limitada y se ha dado de una manera relativamente desorganizada.

La situación entonces descrita ha variado poco en los últimos meses, por cuanto existe aún un conjunto relativamente pequeño de unidades que desarrollan investigación y/o validación en tecnologías de punta, incluyendo  la biotecnología. En aspectos tales como la agrobiotecnología, el IIBI (a través de su organismo especializado, el Centro de Biotecnología Vegetal [CEBIVE]) concentra el grueso de la actividad en el país, en la que concurren las actividades de pocos laboratorios privados, dedicados básicamente a la producción.
La misma situación se da con la provisión de servicios técnicos especializados, en donde los laboratorios del IIBI prestan una gama de servicios que no tienen aún competidor local. Sólo en casos específicos hay una competencia clara, como los exámenes de bromatología y/o microbiología de alimentos, los cuales son contraofertados por entidades como el Laboratorio Veterinario Central (LAVECEN) o la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).

En otros campos como la provisión de servicios en evaluación de impactos ambientales y de conservación ambiental, la presencia de opciones alternas de servicio ofrecidas por parte entidades privadas de consultoría ambiental es cada vez más fuerte y el IIBI planea revisar y revigorizar lo que hace en este terreno.

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica (RD-CAFTA) y la propia dinámica de la evolución de la agricultura y del comercio, con la presencia de productos derivados de la biotecnología (como las semillas transgénicas o materiales modificados sin control o infectados o contaminados con agentes biológicos potencialmente peligrosos) obliga a que los países involucrados se vean forzados a proveerse de herramientas técnicas para la detección de OGMs y sus derivados, como elemento básico para la salvaguarda de su seguridad agroalimentaria y de la salud humana y ambiental dentro de sus territorios.

1.8 Resultados del taller hacia la planificación estratégica de la biotecnología en República Dominicana

Entre el 8 y 9 de Marzo de 2006, el IIBI, la FAO y el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) realizaron el taller Hacia la planificación estratégica de la biotecnología en la República Dominicana. Este taller fue concebido como una iniciativa conjunta del IIBI, el CEDAF y la FAO a través de la Secretaria Técnica de la Red de cooperación técnica en biotecnología agropecuaria (REDBIO) ubicada en la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

El taller tuvo el objetivo de propiciar una revisión y descripción participativa del estado actual de la biotecnología agropecuaria en la República Dominicana, tanto en el aspecto institucional como en lo que concierne a los avances tecnológicos logrados y en progreso e identificar y proponer posibles estrategias de coordinación y cooperación para impulsar mayores avances en la materia.

Durante el evento las diferentes instituciones e investigadores realizaron en trabajo de grupos, un examen de la realidad presente de la biotecnología agropecuaria del país e identificaron logros alcanzados, acciones en curso y proyectos a implementar en lo inmediato, así como aproximar potenciales mecanismos de coordinación de esfuerzos y capacidades para impulsar mayores avances del área biotecnológica.

Como actividades de seguimiento del taller se destacan : i) el inicio de la formulación de un proyecto de cooperación técnica para fortalecimiento de las capacidades nacionales de biotecnología y bioseguridad a ser formulado y propuesto a la FAO; ii) las prontas acciones a cargo de CEDAF, que como institución sede de la Fundación REDBIO dominicana, iniciará cursos de capacitación y difusión de biotecnología en conjunto con instituciones de educación primaria, secundaria y superior; y iii) la preparación de un plan de trabajo de la red REDBIO dominicana, incluyendo la actualización de los bancos de datos de instituciones miembros y profesionales.

La presente propuesta surge como resultado del esfuerzo de este taller, en donde se manifestó explícitamente la necesidad de emprender acciones de capacitación y de refuerzo nacional de capacidades en torno al tema de la bioseguridad en la biotecnología.

Regresar